MODELOS DE GESTIÓN PÚBLICA EN VENEZUELA

La gestión de políticas públicas desde las perspectivas de los asuntos inherentes a los aspectos económicos y sociales son las bases en el establecimiento de las condiciones para el funcionamiento administrativo del sector público en la mayoría de los países del tercer mundo, fundamentalmente en América latina, esto, claro está, permeado por el enfoque de desarrollo y el paradigma ideológico hegemónico adoptado por el gobierno de turno en estos países. En Venezuela, particularmente durante la gestión del gobierno de la revolución bolivariana conducida por Hugo Chávez en sus inicios y continuada por el mandato constitucional de Nicolás Maduro, se ha hecho énfasis en la inversión social como base fundamental para el crecimiento económico y el sostenimiento del desarrollo social, dirigido y centralizado en lo humano, desde un momento inicial, y luego a un plano más integrador con sentido bio-ético y ecológico, que incluye alcanzar la máxima suma de felicidad social, en armonía con el ambiente, a fin de contribuir a preservar la vida en el planeta y la salvación de la especie humana tal como queda esbozado en el quinto objetivo histórico del “Plan de la Patria”. En este orden de ideas, Venezuela, desde el inicio de la segunda década del siglo XX, pasó de un modelo burocrático populista caracterizado por la centralización administrativa, al modelo tecnocrático que adecúa contextos empresariales a la gestión pública, ambos al servicio de la expropiación de la riqueza de la nación y en obsequio de los intereses extranjeros y de las estructuras de poder oligárquico interno, devastadores del ambiente. En contraste a estos, la Revolución Bolivariana ha implementado un modelo de inclusión social, abierto a una amplia participación popular en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas, con una más interesada conciencia en sus relaciones con la biodiversidad y el entorno ambiental en general. Para ampliar un poco más sobre los modelos de “gestión pública burocrática populista”, y “tecnocrática”, se hace necesario darles un contexto histórico en el marco de una ideología al servicio de las clases dominantes del aspecto económico tanto en el plano nacional como internacional. Las propuestas del modelo tecnocrático descentralizador se basan en los postulados de una “gerencia empresarial eficientista”, la cual es vacía de todo contenido político de crecimiento cultural y de la conciencia de las masas en los asuntos de sus propios intereses de clases, que bajo elegantes recetas académicas emanadas del Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos multilaterales, y que se fundamentan a la vez en los postulados teóricos de la economía liberal capitalista. Es decir, que se trasladó a la cultura del sector público, sin ningún sentido crítico y de manera mecanicista, soluciones a los problemas operativos de las transnacionales; o se aplicó políticas de regulación macroeconómica que no eran viables en virtud de las grandes diferencias de las estructuras económicas e institucionales que tienen los países del tercer mundo, en general y Venezuela en particular, citando a Guerrero: “en su origen, el manejo público (public management) fue desarrollado como un paradigma de implementabilidad en administración pública (Guerrero, 1999:81). Este explica que esa “implementabilidad” consiste en la promoción de mejoras en la institucionalidad del Estado a través de la creación de instituciones, procedimientos administrativos y marcos jurídicos que viabilizan los cambios hacia un desarrollo al servicio de las élites dominantes en el concierto de la economía mundial. Esto supone cambiar categorías de “Administración Pública” a “Gerencia Pública” como una suerte de paradigma que solucionaría los problemas de funcionamiento del Estado. El criterio dominante en este modelo radica en la consecución de productividad y crecimiento económico bajo los parámetros de la gerencia empresarial que procura indicadores de gestión de eficacia y eficiencia del desempeño organizacional privado, pero sin tener en cuenta el desarrollo social. Esto es perseguir fines de lucro cuando el papel del Estado es alcanzar fines sociales. Para esto se organizó una institucionalidad basada en el modelo tecnocrático, un funcionariado técnico altamente especializado y atomizado en la división del trabajo estrictamente apegada al cumplimiento miope de los deberes del cargo, en el marco de una autoritaria y vertical estructura organizacional altamente jerarquizada y un proceso centralizado de tomas de decisiones en las parcelas desconcentradas y desligadas del pueblo y del Estado, de estas instituciones del propio Estado, lo que contribuyó a la creación de “protoestados”. En otras palabras, Estados paralelos dentro del Estado nacional. Así fue que funcionó, por ejemplo, PDVSA como una empresa ajena a los intereses nacionales y al servicio del gran capital internacional con la respectiva cuota, a suerte de comisión, para la burguesía “nacional”. De allí se deriva la caracterización del recurso humano que interviene en la administración pública: un cuerpo técnico, profesional, especializado, experto, definido como tecnócrata con poder en la toma de decisiones, formado para y por la racionalidad económica y productiva. (Hernández, 2007. s/n) Estos criterios van a socavar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos ya que, bajo este modelo, el ciudadano es un ente pasivo que no debe preocuparse de la gestión gubernamental ya que los técnicos son los únicos capacitados para encargarse de llevar adelante las políticas tendientes a alcanzar los fines superiores del Estado. Con esto se tiende a la minimización de los problemas sociales despojándolos de todo interés político y del gobierno ya que estas categorías técnicas de gestión de políticas públicas es asumida por los expertos y no por los actores interesados. En este orden de ideas expresa Villas: La frontera entre las decisiones técnicas y decisiones políticas es absoluta, pero la presentación de las cuestiones políticas como si se tratara de asuntos técnicos usualmente restringe la discusión sobre la política y sus objetivos a ámbitos reducidos...mientras que la explicitación de las dimensiones políticas abre el debate al conjunto de la ciudadanía interesada o afectada por las decisiones que vayan a ser adoptadas (Vilas, 2001:175). Esto hace contraste con la nueva tendencia del Estado en el manejo de las políticas públicas a partir de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que en su artículo 62 establece: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo (Asamblea Nacional Constituyente: 1999) De aquí se desprende un paradigma distinto de desarrollo económico y social de la nación a través de las políticas públicas por medio de la participación protagónica ciudadana como estrategia para alcanzar este desarrollo. Esto no significa que la Administración Pública venezolana se haya librado de la aplicación de facto de procesos administrativos con alto contenido tecno-burocrático propios de la democracia representativa; pero ya ha experimentado avances significativos en el marco legal y en las prácticas de gestión pública con más conciencia de clase por parte de unos pocos servidores públicos, que contribuyen al desarrollo de una cultura institucional distinta y más apegada a los intereses del pueblo. El modelo burocrático populista venezolano se puede caracterizar, resumidamente, como un modelo que, en una primera fase, macroeconómicamente hablando se fundamenta en el gasto público mediante la manipulación administrativa del presupuesto público de generación de déficit fiscal para alcanzar objetivos de crecimiento económico (se puede observar desde esta perspectiva la influencia keynesiana, que luego mutaría a esquemas neoliberales y monetaristas en el campo tecnocrático) que le da sustento al llamado “Estado de Bienestar” como una suerte de Estado benefactor y supuestamente proveedor de una serie de servicios públicos sostenidos por la renta petrolera con las siguientes características: 1. Centralización política-administrativa con la aplicación de elementos de desconcentración administrativa institucional. 2. Un discurso demagógico, populista generador de una cultura pseudo-igualitaria. 3. El clientelismo partidista que es el uso de los partidos políticos (el bipartidismo AD-COPEI) como medios efectivos para el acceso de los derechos ciudadanos. 4. Un profundo crecimiento burocrático generador de corrupción que se manifestó en una hipertrofia institucional del aparato del Estado. El modelo burocrático populista se basa en la centralización desconcentrada del Estado que más adelante, con la ola neoliberal, cambiaría a la política de descentralización administrativa y política tecnocrática que estuvo en boga en las últimas décadas del siglo XX y que no era más que un eufemismo para disfrazar el desmantelamiento del Estado-nación, es decir, reducir al Estado a su mínima expresión y así facilitar la implementación del enfoque neoliberal de desarrollo. Se ha tratado de realizar, de manera breve, una caracterización de los tres modelos predominantes en la Administración Pública venezolana desde 1958. El modelo burocrático populista (1958) con la desconcentración descentralizada de la institucionalidad bajo el lema del “Estado de Bienestar”, el modelo tecnocrático descentralizador y neoliberal desde 1987, estos primeros en el marco de la “Democracia Representativa” y su “Estado de Derecho”; y el modelo de Inclusión Social, del período de la Revolución Bolivariana, bajo la “Democracia Participativa y Protagónica” en el marco de un “Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia”. Como se dijo al inicio, estos modelos han sido influenciados por los intereses de clases que representan tanto en lo interno de la nación como en lo externo de la geopolítica mundial. Luego de la incursión en la historia universal del comandante Hugo Chávez, el cambio de paradigmas en la gestión pública ha arraigado en la conciencia de las masas la procura de una gestión pública de auto-gestión del pueblo de sus propias circunstancias lo que ha desencadenado conflictos de escala planetaria en virtud de la influencia histórica de transformación social que sirve de parangón a otros pueblos del mundo que aterroriza al poder conservador de privilegios a costa del despojo, la ignominia y oprobio de las clases populares. Esto ha llevado a declarar a nuestro país como “amenaza inusual y extraordinaria”, no de una nación; sino de un poder opresivo que pone en peligro la existencia de la vida en el planeta y que nos acosa con abyectas sanciones criminales que ahora causan estragos y sufrimiento en el tejido social del pueblo venezolano, un crimen de lesa humanidad que la historia condenará eternamente a ese imperio genocida de los Estados Unidos de América. Un mundo mejor es posible e indispensable ya lo dijo el Comandante en Copenhagen en 2009: “No cambiemos el clima ¡Cambiemos el sistema! Y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta”. (Chávez. 2009). Ese debe ser el paradigma de gestión pública a seguir. REFERENCIAS Asamblea Nacional Constituyente (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta oficial N° 5.453 Extraordinario. Caracas, Venezuela. Guerrero, Omar (1999). Del Estado Gerencial al Estado Cívico. Universidad Autónoma del Estado de México UAEM. Facultad de Ciencias Políticas y administración pública. Colección Xinantecalt, México DF., México. Vilas, Carlos M. (2001). El síndrome de Pantaleón. Política y administración en la reforma del Estado y la gestión de gobierno. Revista de Ciencias Sociales. Vol. VII. N° 2. Mayo-Agosto. Universidad del Zulia. pp. 173-198. Maracaibo, Venezuela. Hernández de Velazco, Judith Josefina. 2007. 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